El día de ayer jueves 10 de diciembre de 2009, a las 12:00 horas del día SIN ORDEN DE JUEZ COMPENTENTE fueron desalojados violentamente y con utilización desproporcionada de fuerza, los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Distribuidora de El Petén (SITRAPETEN), por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), con acompañamiento de la Policía Municipal de Transito (PMT), quienes con tres camiones se llevaron no sólo las precarias champas que han mantenido, sino sus pertenencias personales.

Los compañeros y compañeras de SITRAPETEN con base en el Derecho Constitucional de Resistencia Pacífica, garantizado en el Artículo 45 de la Constitución Política de República, han ocupado y resistido pacíficamente durante 19 meses continuos, dada la violación a sus derechos laborales de que fueron objeto por parte de la Empresa que distribuye agua Salvavidas en el departamento de El Petén.

Posteriormente a la agresión del medio día, varios delegados y delegadas de organizaciones de derechos humanos, de mujeres, sociales y populares acompañamos la resistencia pacífica de los miembros del Sindicato. Sin embargo, nuevamente a las 23:30, miembros de las fuerzas de seguridad se hicieron presentes, uando en pleno proceso de diálogo volvieron a agredir a los que se encontraban en el lugar. En dicho desalojo varios compañeros y compañeras fueron lastimados con garrotes y sufrieron intoxicaciones producto de los gases lacrimógenos e irritantes que lanzaron indiscriminadamente, contra quienes ejercían derechos constitucionalmente reconocidos.

De tal cuenta, las organizaciones que componemos la Convergencia por los Derechos Humanos, rechazamos y condenamos este hecho de violencia reiterada de la cual han sido objeto las y los miembros de SITRAPETEN, desde el momento que la Empresa de Agua Salvavidas les violenta sus derechos laborales, hasta los actos de agresión, intimidación y violencia.

Asimismo, denunciamos públicamente a los miembros de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Transito por abuso de poder y extralimitación de funciones, ya que procedieron a desalojar violentamente y sin orden de Juez competente, a ciudadanos y ciudadanas que ejercían el derecho Constitucional de Resistencia Pacifica en una plaza pública. Exigimos a las autoridades del Ministerio Publico que inicie las investigaciones correspondientes para deducir las responsabilidades penales derivadas de estos hechos.

De estos hechos responsabilizamos a la Municipalidad de la Ciudad Capital, a la Policía Nacional Civil y a la Policía Municipal de Transito por los actos de violencia acaecidos el 10 de diciembre al medio día y a la media noche y de los futuros actos que se den en contra de la integridad de los miembros del Sindicato y de organizaciones sociales, populares y de Derechos Humanos.