*LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN SER MÁS QUE UN DISCURSO*

*SON EL RESPETO Y LA GARANTÍA DE UNA VIDA DIGNA*

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, los y las guatemaltecas exigimos a las autoridades y funcionarios del Estado, los gobiernos municipales e instituciones autónomas y semiautónomas que dejen de utilizar los derechos humanos como un lema en sus discursos y campañas publicitarias y lo conviertan en políticas públicas para superar los graves indicadores de desigualdad y exclusión social que se viven en el país.

Porque como guatemaltecos y guatemaltecas no podemos seguir tolerando la ausencia de políticas públicas integrales en materia de desarrollo, particularmente de desarrollo rural que requiere que el Congreso de la República apruebe la Ley respectiva. En esa misma línea, que se armonicen todas las acciones en torno a la atención a la emergencia alimentaria para realmente construir una política nacional coherente.

Por ello urgimos al Estado guatemalteco a que genere las acciones pertinentes en aras de incrementar los ingresos tributarios, por medio de que quienes hoy cuentan y tienen más ingresos, capitales, rentas y bienes, aporten más y así se pueda ampliar la tan ansiada inversión social.

Los programas de transferencias condicionadas en efectivo sólo pueden seguir impulsándose si se desarrollan en el marco de la integralidad de los derechos humanos para garantizar su continuidad y evitar así la posibilidad del clientelismo. Estos programas deben de ir acompañados de la creación de políticas nacionales de salud y educación interculturales. Estas políticas son necesarias tanto para la lucha contra la pobreza como para crear las condiciones y capacidades en los beneficiarios de las transferencias.

Es urgente que los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia se concreten e impulsen a la brevedad posible. Repudiamos la falta de responsabilidad del Estado, en especial de los Organismos Ejecutivo y Judicial, en la barbarie de los linchamientos. Por acción u omisión hay responsabilidad directa en tales hechos cruentos de violencia. En los linchamientos se afecta directamente las garantías de la presunción de la inocencia y del debido proceso, responsabilidad de los operadores de justicia, así como se violenta la vida. El sistema de administración de justicia debe dar garantía de que es pronta y cumplida, y reforzar la confianza en la misma. Las instituciones públicas tienen que investigar la responsabilidad material e intelectual de los autores de los linchamientos.

No podemos seguir tolerando que aumenten sin parar el número de homicidios y delitos contra los guatemaltecos y guatemaltecas; que los hechos de violencia contra las mujeres no se investiguen e no se informe del porqué del aumento de esta violaciones; que la investigación y la persecución penal de la llamada “limpieza social” que afecta a jóvenes estigmatizado siga sin realizarse; y que esté invisibilizada la denuncia, ante las autoridades, la violencia contra la niñez.

El 2009 se ha convertido en el año más violento desde que reiniciaron los ataques en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, contabilizándose 339 agresiones contra los activistas, 15 de ellos asesinatos con el claro objeto de detener el trabajo de las organizaciones sociales. Desde el 2000, se han registrando 1764 agresiones en un clima de difamación y criminalización, lo que nos indica que defender derechos, es una profesión muy riesgosa.

La nueva Corte Suprema de Justicia, el Organismo Judicial y el
Ministerio Público tienen el reto de romper con la impunidad existente y avanzar en la justicia para los casos de las graves violaciones a los derechos humanos registrado en los años de la guerra. Este año ha significado un avance para la lucha por el esclarecimiento histórico en especial por las sentencias de los casos de desaparición forzada de Choatalum y El Jute, hay pendientes que la Corte Suprema deniegue los 40 amparos del caso de Dos Erres, bajo los cuales se escudan autores intelectuales de ese caso; y desarrollar la investigación de la denuncia del caso por genocidio.

El Congreso de la República tiene que aprobar la iniciativa de ley 3590, la cual generará una comisión, que debe buscar a los 45,000 guatemaltecos y guatemaltecas que desaparecieron durante el conflicto armado interno.

Ante este escenario, la promoción y defensa de los derechos humanos de la población, principalmente de los hoy vilipendiados por la pobreza, el hambre, la desnutrición, la falta de recursos para producir, el atropello de las transnacionales, del crimen organizado y la violencia común, requieren de acciones efectivas que le permitan vivir en paz, para construir su propio presente y futuro.

Reiteramos, además, nuestro apoyo incondicional a las y los defensores de derechos humanos en el mundo, en particular con los y las hermanas hondureñas, agredidos en su afán por defender el estado de derecho, alterado por empresarios y militares golpistas.

Guatemala, 10 de diciembre de 2009